Santo Domingo.- El coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez Richardson, denunció ayer que internos de La Victoria han falsificado su firma y certificados de cursos de formación para beneficiarse de una libertad condicional.El sacerdote reveló que los reclusos están solicitando su traslado a otras cárceles para sorprender a los jueces de la ejecución de la pena, a fin de que les otorguen su libertad condicional.
Precisó que en ese penal también están falsificando su firma y haciendo certificados de participación de cursos para solicitar libertad condicional por ante el juez de la provincia Santo Domingo, presentando esos documentos como alegato de que se pueden insertarse a la sociedad.
Jiménez Richardson alertó sobre la situación al alcaide de La Victoria y al coronel encargado de la seguridad del recinto, pero dijo que hasta el momento no le han dado respuesta.
InvestigaciónDe su lado, el procurador general de la República, Radhames Jiménez Peña, dispuso una investigación de la denuncia conjuntamente con el director de Prisiones, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y miembros del ministerio público.
“Hay una banda de internos con conexiones fuera que están falsificando los diplomas del centro de estudios que dirige la Pastoral Penitenciaria dentro del penal de La Victoria; eso lo sabe el alcaide y el comandante del recinto carcelario y no han hecho nada”, enfatizó el coordinador de la Pastoral Penitenciaria.
Indicó que tan pronto se enteró de que su firma estaba siendo falsificada para hacer certificados de cursos y talleres en el recinto, informó de la situación al juez de la ejecución de la penal de la provincia Santo Domingo, Rafael Báez.
Sostuvo que unos cuatro reclusos que han ido con certificados de participación en talleres han depositado sus documentos ante el juez de la Ejecución de la Pena, pero que el magistrado ante la alerta que le hizo ha rechazado la solicitud.
Ante esa situación, refirió que los internos están solicitando traslados a diferentes jurisdicciones para sorprender a los jueces de la ejecución de la pena y obtener su libertad condicional.
PIDE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL MENOR
Por otro lado, el sacerdote dijo que el Código del Menor es improcedente para República Dominicana, por lo que entiende debe ser modificado, porque no se adapta a la situación actual y, además, porque fue una imposición que le ha costado al país.
Expresó que la parte de prevención del delito de los menores es una responsabilidad del Estado, al considerar que deben crearse las estructuras para tantos niños como adolescentes que están en las calles en conflicto con la ley o al borde de delinquir, a fin de que sean atendidos en una labor preventiva.
“No podemos defender una estructura jurídica que lo que hace es garantizar la impunidad y, sobre todo, lo peor, que el crimen organizado los utiliza para ponerlos como sicarios del crimen, entonces, República Dominicana no puede estar de espaldas”, acotó el coordinador de la Pastoral Penitenciaria.